ZAPATERO-CAMPS: GUERRA TOTAL

Las relaciones entre el Gobierno valenciano y el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero atraviesan por su momento más delicado. Los frentes de confrontación que mantienen la Administración central y la Generalitat son numerosos, y amenazan con provocar una ruptura institucional sin precedentes. El bloqueo del plan del Cabanyal provocado por el ministerio de Cultura ha encendido todavía más los ánimos de un Ejecutivo, el valenciano, que ha pasado de sentirse permanente agredido por el Gobierrno central a considerarse víctima de una persecuciónque supera los límites de la confrontación política para entrar ya en el terreno de lo institucional.

Los permanentes enfrentramientos entre una y otra Administración afectan a los más diversos ámbitos, aunque, por lo general, tienen un común denominador: el de condicionar las posibilidades de desarrollo social y económico de la Comunitat. Ocurre con la prolongación de Blasco Ibáñez -una obra inicialmente impulsada por los propios socialistas y que ahora podría verse paralizada al menos tres años-, pero también se ha reproducido con la todavía reciente polémica de las terrazas de los chiringuitos de las playas, con la consideración de los aeropuertos valencianos o con las subvenciones oficiales a espacios culturales de un atractivo tan indiscutible como el Palau de les Arts. Las diferencias de trato con otras autonomías en general, y con Cataluña en particular, han generado en el Consell una sensación de atropello hacia la autonomía valenciana cuyas consecuencias resultan difíciles de predecir, pero que en cualquier caso provocan que el ataque político (en su concepto más despectivo) amenace con generar una quiebra permanente en las relaciones entre las dos instituciones.

Las colisiones entre el Gobierno de Zapatero y la Generalitat valenciana no son ajenas al enfrentamiento político entre PSOE y PP. De hecho, que no haya una convocatoria electoral inmediata en el horizonte deja entrever que la radicalización de las colisiones que mantienen ambos Ejecutivos todavía puede aumentar. En todo caso, después de una primera legislatura en la que los desencuentros ya se convirtieron en la tónica habitual, incluso a nivel institucional, los últimos meses han generado una 'guerra total' entre el presidente del Gobierno y el jefe del Consell.

La pugna tiene todos los elementos para ser considerada como una radicalización del debate político, llevada a los extremos más cuestionables. El Gobierno central ha protagonizado decisiones que afectan a la Comunitat Valenciana, obviando no sólo la opinión y los criterios del Ejecutivo valenciano, sino saltándose además otros ejemplos en los que el mismo Ejecutivo socialista ha adoptado decisiones en el sentido contrario.

La más reciente es la que afecta al plan del Cabanyal. El barrio marítimo valenciano por excelencia necesita de una rehabilitación que nadie cuestiona. El Gobierno municipal de Rita Barberá apostó por una fórmula que no escondió -estaba en el programa electoral- y que contó con el respaldo incuestionable de los ciudadanos -incluídos los del propio barrio-. Un puñado de sentencias judiciales han avalado además un proceso que, no lo olvidemos, tuvo en su día como impulsores a los propios socialistas valencianos.

Y en estas que el Gobierno central, a través de una orden del ministerio de Cultura, ordena la paralización del «expolio» que, a su juicio, supondría actuar sobre el barrio. La decisión se tomó a las bravas, sin negociación ni informe previo a las autoridades valencianas, y se comunicó con la habitual falta de diligencia (llegó antes a los medios de comunicación que al propio Ayuntamiento de Valencia) que caracteriza las actuaciones de quien parece más empeñado en la confrontación que en la búsqueda de soluciones.

El caso del Cabanyal se ha convertido en ejemplo paradigmático del nivel de confrontación al que han llegado los dos Ejecutivos. El valenciano reaccionó con un decreto ley dirigido a salvar la orden de Cultura y dar luz verde a las actuaciones. Y el Ejecutivo central amenaza con llevar el caso al Tribunal Constitucional y someter al barrio a un parón de su futuro, el enésimo, que podría prolongarse durante tres años como mínimo.

La prolongación al mar de Blasco Ibáñez es una polémica que afecta de forma directa a la ciudad de Valencia -una de las capitales españolas en las que el PP dispone de mayor nivel de apoyo ciudadano y en las que el PSOE tropieza, convocatoria electoral tras convocatoria electoral, con la falta de apoyo de los votantes-. Otra polémica reciente también ha afectado a la capital: la que amenazó a finales de 2009 con provocar el cierre de los chiringuitos de las playas del Saler y Pinedo por la dimensión de sus terrazas. En un momento determinado, y sin saber muy bien porqué, las prórrogas a la aplicación de una ley aprobada hace más de veinte años parecieron tambalearse. Y además, con un horizonte de unos pocos días.

El anuncio del Ejecutivo central, convertido en bandera por el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, contó hasta con el rechazo del secretario general del PSPV, Jorge Alarte. Andalucía -un bastión electoral de los socialistas (sin contar el último barómetro de opinión elaborado por un instituto dependiente de la Junta de Andalucía- resolvió unos meses antes un problema similar tras las advertencias lanzadas al ministerio por el entonces presidente Manuel Chaves. Una medida, además, dirigida justo en el sentido contrario de lo que una situación de crisis económica como la actual requiere (incentivar la actividad económica y la creación de puestos de trabajo). Sólo la presión ciudadana, reflejada día a día por este diario, consiguió in extremis frenar las intenciones del Ejecutivo central.

En este abanico de decisiones del Gobierno de Zapatero que amenazan el desarrollo económico de la Comunitat figura también la calculada indefinición del ministerio de Fomento respecto a la participación de la Generalitat en los consejos de administración de los aeropuertos ubicados en las tres provincias valencianas. Nadie discute que Barajas y El Prat contarán con ese estatus que permite a los respectivos gobiernos autonómicos participar en la gestión de las respectivas terminales (aunque Cataluña iba más allá y reclamaba la cesión total de las competencias). Pero ¿y los aeropuertos valencianos? Por ahora, Infraestructuras no dispone de información fiable respecto a si podrá participar en el consejo de administración de Manises y El Altet y participar en la toma de decisiones clave, como las referidas a la aprobación del Plan Director, la promoción de rutas aéreas y la explotación de los servicios comerciales.

Uno de los capítulos que más se ha significado como terreno abonado a la confrontación es el que se refiere al distinto trato recibido por la Comunitat, en comparación con otras autonomías. Podría parecer una queja pueril, pero lo cierto es que en muchos ámbitos, y sin una explicación coherente, Zapatero y sus ministros han optado por dar la espalda a algunas apuestas estratégicas de la Comunitat. Y en cambio, se han mostrado particularmente comprensivos con las de otras autonomías.

Partiendo de la reivindicación obligada de una financiación autonómica equilibrada con la del resto de comunidades autónomas, el Gobierno valenciano ha visto también cómo determinados proyectos, como las obras del nuevo hospital La Fe o las ayudas al Palau de les Arts, contaban con un respaldo económico muy inferior o directamente con ningún tipo de financiación, en contra de lo ocurrido en otras autonomías.

Hace pocos días, la ministra de Cultura se descolgó con unas declaraciones en las que venía a señalar que para valorar las ayudas que su departamento brinda a este coliseo, debía conocerlo mejor. El informe que hace siete meses le entregó el Consell sobre el Palau de les Arts debe permanecer guardado en un cajón. Y en todo caso, tampoco estaría de más que se hubiera acercado a Valencia para conocerlo en directo.

Esa presencia en la Comunitat se ha convertido en una especie de práctica prohibida para el presidente del Gobierno y para muchos de sus ministros. El argumento de que el Gobierno del PP es hostil y busca la confrontación no sólo es simplista, sino que obvia a los cinco millones de valencianos, que al igual que el resto de españoles espera, si puede ser, colaboración y lealtad institucional. Porque recibir una financiación indiscutiblemente inferior a la media, o comprobar cómo las transferencias de agua a otros territorios son fórmulas habituales y para la Comunitat constituyen hechos objetivos que pueden ser interpretados de una forma razonable como una agresión. O utilizar el urbanismo valenciano para cuestionar la imagen de la Comunitat en Bruselas... O la falta de respaldo a iniciativas y eventos dirigidos a situar a la Comunitat a la vanguardia en cuanto a la promoción de su imagen y promoción de su turismo. O tantos y tantos ejemplos que encuentran precisamente en el rechazo que acaban provocando, incluso entre los propios socialistas valencianos, el mejor ejemplo de que constituyen un trato escasamente justificable hacia la Comunitat. Y que terminan pagando precisamente los ciudadanos.