El reloj ha empezado su cuenta atrás. En la partida de ajedrez que se ha convertido el conflicto institucional por la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, el siguiente paso del Gobierno debería ser un recurso de inconstitucionalidad por el decreto-ley del Consell que ampara los derribos al considerar que se mejora el conjunto del barrio del Cabanyal.
Esto no puede hacerlo el Ministerio de Cultura, aseguraron ayer fuentes cercanas al gobierno municipal, debido a que está por debajo del pleno autonómico en la jerarquía legislativa. Así, la previsión es que el Consistorio disponga al menos de cinco días hasta el próximo Consejo de Ministros del viernes para acometer nuevos derribos.
Es el primer plazo de la partida, aunque las mismas fuentes apuntaron a que el recurso del Ejecutivo socialista podría retrasarse hasta la semana próxima. Los tiempos son esenciales debido a que la empresa Cabanyal 2010 dispone desde el 22 de diciembre de cuatro licencias para otros tantos derribos en la calle San Pedro, fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y donde se concentran ahora todas las obras.
¿Aprovechará este margen el Consistorio? Las mismas fuentes no quisieron precisar ayer si se iniciarán las demoliciones en los números 27, 29, 31 y 61 de dicha calle estos días, para evitar dar más pistas a los vecinos que se oponen a la prolongación de la avenida.
La plataforma vecinal que aglutina este rechazo ya ha anunciado que harán protestas pacíficas si se producen demoliciones, incluso rodeando los inmuebles con cadenas humanas para impedir su desaparición. Este miércoles, la entidad ha convocado una asamblea en el Ateneo Marítimo para informar sobre la situación legal del proyecto, manteniendo como única opción la rehabilitación del barrio sin contar con la prolongación.
A partir de que el Gobierno presente su recurso en el Constitucional, lo que ahora está «en estudio» según la vicepresidenta De la Vega, la ley obliga a una suspensión cautelar de cinco meses en todas las actuaciones incluidas en el plan urbanístico, incluso fuera de la zona protegida. Esto se debe a que el Ministerio de Cultura fue más allá de la petición del Tribunal Supremo, acerca de la declaración de expolio patrimonial en las calles declaradas BIC y pide en su resolución la paralización del conjunto del plan.
Esto se produce cuando Cabanyal 2010, empresa participada por el Ayuntamiento y la Generalitat, ya tiene en propiedad la cuarta parte de las 1.600 viviendas que deben derribarse, tanto para prolongar la avenida como para los solares necesarios en el restos de equipamientos públicos previstos.
Algunas de estas 406 viviendas ya no existen y en su lugar se ha pavimentado con asfalto el terreno de manera provisional, a la espera de las obras de urbanización. En la comparecencia de la alcaldesa Rita Barberá la pasada semana para replicar la resolución del Ministerio se habló del inicio inmediato de un aparcamiento para residentes en la calle San Pedro, aunque antes debe salir a concurso el pliego de condiciones del parking.
En el caso de que se produzcan derribos, la plataforma vecinal también anunció que recurrirán en el juzgado, aunque con la tesis del gobierno municipal, esto no será efectivo hasta que el Consejo de Ministros dé luz verde al recurso por la inconstitucionalidad del decreto.
Derribos. En la calle San Pedro están afectadas 134 viviendas de 67 edificios. De esta cifra ya se han derribado el 39%, en la actualidad solares pavimentados.
Equipamientos. Desde la aprobación del plan se han invertido 46,4 millones de euros, en su mayor parte para urbanización de calles y edificios culturales.
Plan Confianza. La inversión de la Generalitat se centrará en el bulevar de San Pedro y en dos unidades que entran de lleno en la zona de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.
Vivienda. Los solares de todos los derribos servirán para equipamientos públicos y para pisos protegidos. De los 30.967 metros cuadrados destinados a uso residencial no hay nada para pisos de renta libre en todo el plan.
Alturas. Cinco plantas es el máximo previsto en los solares edificables a ambos lados del bulevar de 48 metros de anchura. En los alrededores hay fincas de hasta siete plantas.
Plazos. La ejecución del proyecto se plantea para al menos diez años, al margen de los conflictos políticos y judiciales.
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
591 edificios quedan protegidos por el plan urbanístico, de los que 168 están fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural. De la primera cifra, un total de 550 tienen nivel 3, el menor.
28 equipamientos públicos hay previstos en los alrededores de la prolongación de Blasco Ibáñez. Destacan por número seis instalaciones deportivas, cuatro plazas y un jardín.
Este embrollo jurídico tiene un componente más y es el desarrollo del decreto-ley en Les Corts, donde el grupo popular acelerará los trámites al máximo para que las modificaciones en la declaración de Bien de Interés Cultural sean una realidad en apenas un mes.
Acerca de futuras obras, desde el gobierno municipal indicaron que el plan «seguirá como estaba programado», es decir, con el dinero previsto en el Plan Confianza. La inversión ronda los 52 millones de euros, destinados fundamentalmente al futuro bulevar San Pedro, la compra de más viviendas para su derribo y la construcción de edificios para realojos, entre otras iniciativas, donde también destaca la reurbanización de varias calles.
La ejecución del plan del Cabanyal cuesta 300 millones de euros y la edificabilidad de 30.967 metros cuadrados de residencial se destinarán en exclusiva a viviendas protegidas. Este es el motivo de que sólo se pueda acometer desde la Administración pública, al ser claramente deficitario.
Cabanyal 2010 cambió sus estatutos para dar entrada a inversores privados, en su mayor parte constructores, aunque estos revendieron sus acciones al Consistorio y la Generalitat por la falta de rentabilidad y la necesidad de recuperar sus capitales en plena crisis inmobiliaria. La empresa municipal AUMSA tiene en la calle Eugenia Viñes una promoción pendiente de 225 viviendas, esta vez de renta libre, además de una piscina cubierta y un edificio de oficinas. Es, junto a la prolongación de Blasco Ibáñez, el proyecto municipal de mayor envergadura en el Marítimo.
